A más de ocho meses de la captura del presidente Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos en Caracas, Venezuela ha mostrado “mejoras limitadas” en la situación de los derechos humanos, pero el aparato represivo del país se mantiene “intacto”, dijo la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela en un informe divulgado este miércoles.
Desde 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la Misión para evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en el país desde 2014.
El reporte analiza los acontecimientos ocurridos en el último año en el país, teniendo en cuenta los cambios políticos tras la detención de Maduro por parte de EE.UU. y la llegada de Delcy Rodríguez al poder, quien asumió como presidenta encargada unos días después.
“Las instituciones estatales responsables de la represión, las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad siguen intactas”, aseguró la misión de expertos que preside Sofía Macher Batanero.
Reporte: Se redujo la represión, pero el sistema es el mismo
La Misión de la ONU habla de una “disminución significativa” de las detenciones de larga duración y de las desapariciones forzadas asociadas al ataque militar estadounidense del 3 de enero.
Desde la llegada de Rodríguez al poder, el Gobierno de Venezuela ha anunciado varias medidas relacionadas con las personas detenidas por motivos vinculados a hechos políticos, como las excarcelaciones, una ley de amnistía aprobada en la Asamblea Nacional y el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, entre otras, para “consolidar la paz de la República”.
La Misión destaca los cientos de excarcelaciones de personas privadas de su libertad por motivos políticos, así como “un margen algo mayor” permitido para las protestas, las reuniones públicas y la participación de la sociedad civil. Hasta el 14 de septiembre, Foro Penal, la organización no gubernamental que registra y acompaña los casos de presos políticos en Venezuela, cuenta 1.073 excarcelaciones y liberaciones.
Lo que sucede con estos cambios, dicen los expertos, es que no se dieron a la par de reformas institucionales que deriven en mejoras “significativas y sostenidas” en la situación de los derechos humanos en el país.






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