La diputada del partido Morena, Erika Castillo Acosta, presentó este martes una iniciativa al Congreso del Estado donde se pretende reformar diversos artículos de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, en la búsqueda de CAPA y el organismo operador Aguakan dejen de abusar del consumidor, prohibiendo el cobro del servicio mientras este no se brinde y también se busca sancionar a los funcionarios que eleven las tarifas del vital líquido sin que cuenten con el aval del Poder Legislativo, sancionando incluso con cárcel a quien actualice estas tarifas sin que estas sean aprobadas conforme a la ley.
La legisladora señaló que en los recorridos que realiza constantemente en varias colonias y regiones de Cancún, los ciudadanos le han externado los abusos que realiza la empresa Aguakan con altos costos de consumo e impagables costos de reconexión, aunado al cobro del servicio, pese a que este se encuentra suspendido, los cuales pretende dejen de realizarse una vez aprobada la iniciativa de reforma presentada la mañana de este martes
“Estamos buscando que no se le cobre al consumidor, un servicio que no se le da, actualmente te suspenden y te siguen cobrando el servicio como si te lo dieran, esta iniciativa es para evitar que cuando te suspendan por falta de pago ya no te cobren los meses hasta que tu pagues”.
Añadió que también se busca que gente con discapacidad y personas de la tercera edad paguen el 50 por ciento de lo que marque su recibo de consumo, el cual sea aplicable en todo el estado, ya sea a través de CAPA o en los municipios donde brinda el servicio la empresa Aguakan.
De igual forma añadió que CAPA ha actualizado sus tarifas en los dos últimos años a través de su concejo directivo y estos aumentos no pasan para su análisis por el Congreso del estado, por lo que pretende aplicar sanciones de responsabilidad administrativa y penal para los funcionarios que actualicen tarifas y que no sean avaladas por el Congreso.
“La última actualización aprobada por el Congreso fue en el 2011, quedando en 60 pesos el metro cúbico como tarifa mínima, 2019 y 2020 ellos actualizaron tarifas y no lo pasaron por el congreso, con esta reforma que en conjunto con mi compañero de partido Edgar Gasca Arceo, presentamos y el cual se pretende sancionar a los funcionarios que actualicen tarifas sin la aprobación, pudieran ir a la cárcel”.
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